Título Original: OIT, pandemia y relaciones laborales: reflexiones en torno a la seguridad económica
Marcelo José Ferlin D’Ambroso[1]
“En esencia, la dinámica de la crisis evidenciada por la pandemia es la del modelo de relación social, basado en la aprehensión de los medios de producción por parte de algunos y por la exclusión automática de la mayoría de los seres humanos de las condiciones para sostener materialmente su existencia, ingreso que las clases privadas de capital, son obligados a obtener mediante estrategias de ventas de su fuerza laboral. El modo de producción capitalista es la crisis.” (Alysson Mascaro[2])
Í N D I C E
1.La pandemias y las necesidades actuales de la humanidad: entre el neoliberalismo y la muerte
2.La seguridad económica y las relaciones laborales
3.Conclusiones
4.Referencias bibliográficas
Resumen: El artículo parte de consideraciones sobre el pensamiento hegemónico neoliberal y sus consecuencias en la actualidad, sobre todo con la pandemia y la falencia de los sistemas de salud alrededor del mundo, estructurados acuerdo a políticas neoliberales. Se propone la utilización del concepto de seguridad económica de la Declaración de Filadelfia (OIT), en búsqueda de cambios en el sistema económico. Consecuentemente, crear un nuevo modelo de Estado del Bienestar Social dotado de mecanismos que garanticen vida digna a todas las personas, sea en la normalidad, crisis o bajo cualquier circunstancia, para que se tenga garantía de subsistencia digna, incluso para elegir trabajo. En conclusión son hechas propuestas para implementar los cambios necesarios en el sistema económico y en las relaciones laborales para combatir la desigualdad social.
Palabras-clave: Falencia de las políticas neoliberales. Desigualdad social. Seguridad económica. Relaciones laborales. Estado del Bienestar Social.
Resumo: O artigo parte de considerações sobre o pensamento hegemônico neoliberal e suas consequências na atualidade, sobretudo com a pandemia e a falência dos sistemas de saúde ao redor do mundo, desenhados segundo políticas neoliberais. Propõe-se a utilização do conceito de segurança econômica da Declaração de Filadélfia (OIT), em busca de mudanças no sistema econômico. Por conseguinte, criar um novo modelo de Estado do Bem-Estar Social dotado de mecanismos que garantam vida digna a todas as pessoas, seja na normalidade, na crise ou em qualquer circunstância, para que se tenha garantia de subsistência digna, inclusive para escolher trabalho. Em conclusão, são feitas propostas para implementar as mudanças necessárias no sistema econômico e nas relações de trabalho para combater a desigualdade social.
Palavras-chave: Falência das políticas neoliberais. Desigualdade social. Segurança econômica. Relações de trabalho. Estado do Bem-Estar Social.
Abstract: The article imparts considerations on neoliberal hegemonic thinking and its consequences today, especially with the pandemic and the failure of health systems around the world, structured according to neoliberal policies. It is proposed to use the concept of economic security of the Declaration of Philadelphia (ILO), in search of changes in the economic system. Consequently, creating a new model of the Social Welfare State equipped with mechanisms that guarantee a decent life for all people, whether in normal times, crisis or under any circumstance, so that there is a guarantee of decent subsistence, and even to choose work. In conclusion, proposals are made to implement the necessary changes in the economic system and in labor relations to combat social inequality.
Key-words: Failure of neoliberal policies. Social Inequality. Economic security. Labor relations. Welfare State.
1.La pandemia y las necesidades actuales de la humanidad: entre el neoliberalismo y la muerte
El tema planteado merece una pregunta: ¿qué necesitamos como integrantes de la sociedad en la actualidad?
Los tiempos de pandemia han revelado muchas situaciones que nos obligan a reflexionar sobre algunos paradigmas en la sociedad del hoy.
Uno de ellos afecta directamente a la cuestión de la economía, es decir, ¿qué economía queremos? Cuando una persona no puede trabajar ni abrir su negocio, ¿quién lo protege, quien le garantiza la subsistencia?
Obviamente que la respuesta no es la “mano invisible” del mercado. Tampoco son los bancos y mucho menos las grandes corporaciones multinacionales. Por el contrario, la entidad que puede garantizar la vida es el Estado, y por ahí empezamos.
Décadas de políticas neoliberales fomentadoras de un Estado mínimo, originadas desde un pensamiento hegemónico neoliberal mundial, comprometieron severamente las estructuras de prestación de servicios públicos al pueblo, mientras que los recursos públicos eran dirigidos para garantizar la explotación por los bancos y en defensa del gran capital. Ahora queda evidente la falencia del sistema actual, que suele reducir todos los aspectos de la vida a la mirada económica. Pero, ¿economía para quien o quienes?[3]
El COVID-19 no discrimina, pero parece hecho bajo medida para un sistema neoliberal: elimina a las personas mayores (ya improductivas para el sistema), a las detentoras de comorbilidades (que cuestan más al Estado) y a las vulnerables (minorías, pobres, inmigrantes, que sufren discriminaciones estructurales o que tienen dificultades adicionales para acceder a los servicios estatales de salud). El virus neoliberal sería un gran “depurador” del planeta, permitiendo una eugenesia al “natural”, seleccionando las personas más fuertes y productivas, y, por consiguiente, más útiles para producir[4].
La aplicación del modo de producción toyotista “just in time”[5] también para las prestaciones públicas, que reduce los servicios estatales ofertados a la población, en los cuales solamente se atienden necesidades extremas, que no son ni de lejos suficientes para la demanda pandémica, está produciendo millares de muertes de manera global. Por otro lado, la versión neoliberal de administración pública, la “new public management”[6], preconizando imponer al público las mismas formas operativas de una empresa privada, muestra claramente que el camino está equivocado. El Estado no debe buscar el lucro ni la ganancia, su razón de ser debería enfocarse al bienestar de la población en su conjunto, sin discriminación, con miras a una sociedad justa e igualitaria. Su lógica de existencia tendría que ser totalmente distinta a sistemas privados o individualistas, pues su creación parte de la colectividad para operar en el público, en favor de todas las personas. Con el perdón de decir lo obvio, pero muchas veces lo obvio necesita ser dicho y reafirmado.
Si hubo algo bueno en la crisis pandémica, fue el sacar el velo de los ojos a la gente para comprehender que el Estado fuerte sí es necesario, que es necesario tener servicios públicos maximizados y no mínimos, y que la lógica de lucro, de ganancia, no se aplica a lo que es público. El uso de una herramienta medieval, como es la cuarentena, no sería necesario si los Estados tuviesen un sistema de salud dimensionado para atender a toda la población y no solamente usarlo como slogan político. Y si la industria farmacéutica fuera pública y no privada, los esfuerzos podrían ser rápidamente direccionados para la producción de vacunas y medicamentos (debidamente aprobados), y entregados al pueblo gratuitamente, sin ganancias. La situación actual, sin embargo, es que el mundo tiende a depender de unas pocas multinacionales que tendrían la capacidad de producir la vacuna y medicamentos a gran escala, sin que se sepa cuánto podrían cobrar por ellos. Similar cuestión pasa con los testeos, pues, por falta de capacidad de los Estados, se permite al sector privado hacerlos mediante el pago de un monto elevado – es la privatización de la pandemia. Esta dejadez estatal, con la falta de compromiso para con su pueblo, va de la mano con las empresas privadas y también las de origen estatal que ponen obstáculos para hacer los testeos necesarios a sus trabajadoras y trabajadores mientras siguen exigiendo el trabajo presencial.
Paralelamente, para controlar a la gente en cuarentena y monitorear el avance de la pandemia, el Estado se toma la atribución de contratar servicios informáticos de grandes corporaciones oligopólicas. Pero, ¿qué hacen estas corporaciones? Vulneran la privacidad de las personas obteniendo información de su vida (lugares que se visitan, trayectos y consumos habituales, preferencias, pareceres, inclinación política etc., es decir el perfil de los individuos), recibiendo esos recursos públicos para recoger millones de datos que serán destinadas al mercado del big data. Es el “gana-gana” de un solo lado, donde las empresas contratadas ganan doblemente, cuando reciben el pago por sus servicios informáticos y después cuando venden los datos obtenidos al mejor postor.
Una de las primeras preocupaciones mundiales con la pandemia, fue garantizar el sistema financiero – donde trillones de monedas fueron inyectadas en garantía de los bancos privados y, asimismo, varios bancos centrales de diferentes países fueron comprometiéndose en solventar títulos de los bancos privados, constituidos de deudas que no sean pagas debido a las quiebras de empresas, a través de la compra de sus títulos-basura.
Consecuentemente, lo que se puede mostrar a la gente es que el sistema actual está dibujado para proteger a los bancos y a las grandes corporaciones – que bajo ningún punto de vista admiten la posibilidad de tener perjuicios, exigiendo medidas inmediatas de los gobiernos y de los parlamentos en su beneficio, mientras que ellos son los únicos no afectados por la pandemia y que aun así siguen aumentando sus ganancias. En el ejemplo de Brasil, el Banco Central, entre otras medidas, duplicó el fondo de garantía de crédito, inyectando más de un trillón de reales en el sistema financiero[7], un monto mayor de lo que fue alegado como ahorro necesario en la reforma precarizante de la seguridad social del año 2019. Lamentablemente, esta acción no aumentó la oferta crediticia a las personas, al contrario, los bancos privados restringieron la concesión de créditos y aumentaron las tasas de interés[8].
2.La seguridad económica y las relaciones laborales
Desde una perspectiva laboral, se evidencia que dentro de un sistema capitalista las personas que no poseen propiedad y las que poseen pequeñas o medianas propiedades, en momentos de crisis, necesitan de ayuda estatal, es decir, seguridad económica.
La seguridad económica es un concepto incorporado en la Declaración de Filadelfia, por la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en el cual reafirma el fundamento de la Constitución de la entidad de que sólo se puede establecer una paz duradera con base en la justicia social, planteando que: “todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades”[9]. La seguridad económica, por lo tanto, es un instrumento de equidad económica para dotar las personas de libertad y dignidad, manifestándose en su poder adquisitivo. En 2004, la OIT, constatando en uno de sus análisis que los sistemas de seguridad social convencionales resultaban inapropiados para responder a las nuevas formas de riesgo sistémico, como así también la incertidumbre que caracterizaba al sistema económico mundial emergente, planteó la necesidad de medir la seguridad económica en sus informes. La entidad señala que esta medición sirve para que los Estados puedan pronunciarse en tomar medidas atinentes para promover el bienestar personal, la felicidad y la tolerancia, además de resultar beneficiosa para vislumbrar el camino hacia el crecimiento y la estabilidad social. Contrariamente, su antítesis, la inseguridad económica provoca en el mundo ansiedad e ira, más allá de la intolerancia, estrés, malestar social, violencia social[10], y, también, se puede añadir, fascismo[11].
De forma bastante tímida, ya existen iniciativas en diversos países de asegurar una distribución universal de renta mínima al pueblo, siendo ejemplos Italia, España[12] y los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia)[13]. Es también, una manera de volver efectiva la seguridad económica, pero el concepto, tal cual previsto por la OIT, presupone una renta capaz de proporcionar libertad y dignidad, a tal punto que sea posible a la persona elegir el trabajo[14]. Así, no puede ser mínima ni básica. La renta universal debe ser sobre todo digna, atendiendo a las expectativas de las personas de acceder el derecho a una vivienda, salud, educación, alimentación, cultura y ocio.
Instalada una crisis, sea ella pandémica o no, lo primero que se debería hacer es garantizar la renta a las personas, es decir, que el uso de un recurso extremo como de una cuarentena de aislamiento social, que obligue a las personas a no salir de sus casas, no les va a comprometer su subsistencia. En segundo lugar, garantizar el empleo, el mantenimiento de los puestos de trabajo, prohibiendo el despido y la reducción de sueldos. Después, garantizar la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas. Si no se garantiza renta a las personas (y cuando se habla de rentas entiéndase ayudas estatales y no concesión de préstamos, que no es lo mismo), siendo estas personas trabajadoras o poseedoras de pequeñas y medianas empresas, quedaría difícil sustentar, a largo plazo, una cuarentena sin revueltas o sin tener brutales consecuencias sociales, relacionadas a la quiebra generalizada de empresas, al desempleo y aumento de la desigualdad social. Otra medida potable indispensable sería imponer tasas progresivas al gran capital, es decir, partiendo de un mínimo de 50% hacia el 99%, desde determinado grado de concentración de renta y de ganancia, para así sostener una seguridad social adecuada, cuyos mecanismos de renta nos encaminen a todas y todos para una vida digna bajo cualquier circunstancia[15]. Pero, para ello, sería indispensable consolidar un nuevo modelo de Estado de Bienestar Social, que permita cumplir el objetivo de justicia social proclamado desde la creación de la OIT en 1919.
Las consecuencias de una cuarentena sin garantía de rentas y de trabajo serán, inevitablemente, el aumento de la desigualdad social, el hambre y la miseria, violencia.
En Brasil, donde se llevó una cuarentena a medias, es decir, sin uniformidad nacional, y donde no se garantizó el mantenimiento de los puestos de trabajo, permitiéndose el despido durante la pandemia, hace que hoy el número de personas sin empleo sea mayor que el número de personas ocupadas. El país que privilegió la economía antes que la vida de su pueblo está, lamentablemente, en segundo lugar en el mundo en número de contagios y de muertes, apenas detrás de los Estados Unidos, otra nación que adoptó conducta similar a Brasil y que tiene consecuencias aún peores relacionadas al desempleo, estimándose allá más de cuarenta millones de personas desempleadas.
Las medidas del gobierno brasileño incluyeron un paquete de reducción de jornadas y sueldos y de ayudas temporales de R$600,00 (equivalente a menos de 150 dólares). La primera medida simplemente transfiere el onus de la pandemia a la clase trabajadora, mientras la segunda establece una cuantía insignificante y absolutamente insuficiente para hacer frente al hambre y desempleo, razón por la cual no es para nada sorprendente su resultado catastrófico. Mientras tanto, el gran capital en Brasil, sigue sin pagar tasas y operando el parasitismo financiero, ampliando su ganancia en plena pandemia. El endeudamiento de las familias sube, obviamente, produciendo una población esclava de los bancos.
En situaciones así, en que la política nacional se aparta del pueblo, es importante tener hitos internacionales de actuación gubernamental que permitan un marco seguro para el accionamiento de un equilibrio en la tradicional división tripartita de poderes, sea por medidas legislativas domésticas compensatorias, sea por actuaciones judiciales correctivas e implementadoras de la normativa mundial. El actuar de las Naciones Unidas y de sus órganos, en relevancia la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) y la OIT, debe ser coordinado e impuesto a los distintos países, pues la comunidad internacional puede ser afectada colectivamente por la conducta desviada de un gobierno. Es más: este actuar normativo global no puede tener contenido meramente recomendatorio ni aislado[16] – lo económico se vincula con el trabajo y la salud -, y debe considerar situaciones con diferencias en las medidas, como la desigualdad social en las distintas partes del mundo. Las medidas deben contemplar todo lo que sea necesario para reducir el impacto del agente nocivo, inclusive mediante ayudas internacionales, subsidiadas por tributaciones internacionales al gran capital.
3.Conclusiones
Por fin, es tiempo de parar, reflexionar y repensar el mundo. No se vislumbra un mundo en que la enfermedad de alguien pueda significar el lucro de otro (como de las multinacionales farmacéuticas, de los bancos, de las corporaciones gigantes de informática etc.), y no es más posible convivir con la miseria y con el evento muerte que atinge a las personas más vulnerables, mientras las grandes concentraciones de capital siguen seguras y aprovechándose de las crisis, aumentando su lucro. Hay que seguir denunciando, hasta que las personas entiendan lo que les está pasando y reclamen por cambios, ¡y con urgencia!
La centralidad del trabajo en las personas fue objeto de la Declaración del Centenario de la OIT[17] del año 2019 y es importante para, junto con la seguridad económica, terminar con las políticas neoliberales, poner un freno al mecanismo de concentración de renta que actualmente precariza el trabajo con la promoción de verdaderas necropolíticas[18]. Si siguen las políticas neoliberales, no hay cambios en el sistema, y estamos yendo directamente hacia una vuelta a la esclavitud, resumida en la pregunta de que hay que elegir entre derechos o entre empleo, discurso muy conocido en Brasil[19].
Es preciso establecer un nuevo modelo de Estado de Bienestar Social fortalecido y mejorado, con nuevas formas de no solo reducir, pero también evitar y desterrar la desigualdad social.
Congruentemente, se espera que la crisis traiga un aprendizaje a la humanidad con aptitud para el cambio urgente del sistema económico mundial, desde normas internacionales que vengan de la ONU y de sus órganos, como OMS y OIT, para asegurar, a título de ejemplo:
– el establecimiento de una obligación universal a los Estados de creación de mecanismos de renta digna (ni básica ni mínima) a todas las personas que viven en sus territorios, garantizadora de la seguridad económica, como condición básica de su desarrollo material y espiritual, y de la concretización de la dignidad humana, posibilitando a las personas elegir el trabajo acuerdo a su vocación y no para subsistencia;
– la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo y de la renta en situaciones de crisis, prohibiéndose el despido y la reducción de sueldos;
– la garantía de la sobrevivencia de pequeñas y medianas empresas, mediante mecanismos de ayuda estatal que sean distintos de la concesión de préstamos, incluyendo la posibilidad del Estado asumir el pago de sueldos y encargos sociales en los períodos de crisis;
– la imposición universal de la tributación progresiva al gran capital a través del cobro de tasas desde un mínimo de 50% hacia el 99%, v.g., constitutivas de presupuestos de financiación de incremento de la seguridad social y mecanismos de renta digna para todas las personas, independiente de trabajaren o no;
– un sistema de ayudas internacionales e incondicionadas – económicas, sanitarias, humanitarias -, con aptitud para reducir los impactos de crisis en países con más desigualdad social, obtenido desde la tributación internacional a los bancos y a las empresas multinacionales.
Más que nada, es tiempo de cambiar la visión de la economía: con todos los problemas ambientales generados por el consumo desmedido de una sociedad hedonista, impulsada por la propaganda y la industria cultural, el pensamiento debe ser de invertir el orden actual – las personas no deben estar al servicio de la economía, es la economía que debe estar al servicio de las personas.
4.Referencias bibliográficas
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[1] Desembargador do Trabalho (Juez de Corte – Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Porto Alegre – RS/Brasil); ex-Procurador del Trabajo (Ministerio Público de Brasil); ex-Presidente Fundador y actual Vice-Presidente de IPEATRA (Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho – Brasil); Vice-Presidente de Finanzas de UIJ – Unión Iberoamericana de Jueces; Miembro de AJD (Associação Juízes para a Democracia – Brasil); Doctorando en Estudios Avanzados en Derechos Humanos (Universidad Carlos III de Madrid, España) y Ciencias Jurídicas (Universidad Social del Museo Social Argentino); Maestría en Derecho Penal Económico (Universidad Internacional de La Rioja, España) y en Derechos Humanos (Universidad Pablo de Olavide, España); Especialista en Derechos Humanos, Jurisdicción Social y Relaciones Laborales; Consejero de la Escuela Judicial del TRT4; Profesor invitado del Posgrado de Derecho Colectivo del Trabajo y Sindicalismo de UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina (Brasil), y de Derecho del Trabajo y Proceso Laboral de UCS – Universidade de Caxias do Sul (Brasil), UNISINOS – Universidade do Vale dos Sinos (Brasil), FEEVALE – Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior do Vale de Novo Hamburgo (Brasil) y FEMARGS – Fundação Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul.
[2] Mascaro (2020). Obs.: la traducción es nuestra.
[3] Gambacorta (2017: 2) ofrece una respuesta clara: “Los paradigmas desreguladores neoliberales suelen actuar como barreras a las transformaciones sociales inclusivas; o cuando esta se consigue, se presentan como cuestionadores de la afectación de aspectos, fundamentalmente esgrimidos desde una seguridad jurídica restringida a la propiedad, tal como ya lo indicaba el Consenso de Washington, y consecuentemente, sin contemplar mayormente aspectos laborales estables ni cobertura social solidaria o universal.”
[4] Según Valverde Gefaell (2015: 25): “El capitalismo neoliberal solo desea cuerpos rentables. Los que no pueden o no quieren ser emprendedores ni consumir (para enriquecer all %) son excluidos. Aunque, en realidad, la mayoría está en una situación precaria porque es el sistema mismo el que los excluye. Los enfermos crónicos, los discapacitados, los ancianos con pensiones míseras, los parados o con trabajos mal pagados, los sin techo, los niños hambrientos, los jóvenes sin futuro, los enfermos mentales sin red de apoyo y los inmigrantes de países del Tercer Mundo son el producto de las desigualdades que crea el neoliberalismo. Pero se les etiqueta como culpables de su situación, como irresponsables y sospechosos. 0, en el mejor de los casos, como personas con mala suerte”. También Fariñas (2018) denuncia que el neoliberalismo está imponiendo una lógica de odio a sus adversarios e, incluso, a sus víctimas (los perdedores).
[5] En la década de 1970, el modelo toyotista de producción, utilizado en la industria automovilística en substitución al fordista, se acopló perfectamente al neoliberalismo, que estaba volviéndose hegemónico, al preconizar la reducción de costos, aumento de la productividad y garantía de la ganancia del capital, mediante la entrega del servicio o producto solamente en la medida del necesario. Según Chaves Júnior, la producción de la grande industria se desplaza para el nuevo modelo ohnista/toyotista, en el que la producción linear y vertical se substituye por una concepción más reticular y horizontal, disminuyendo la capacidad de la persona trabajadora de paralización del sistema productivo (Chaves Júnior, 2017: 106). El modelo aplicado a la administración pública implica en un Estado neoliberal disminuido en sus acciones sociales, privatizador y abierto al capital especulativo.
[6] Por el New Public Management se busca reducir los costos de la administración pública, en especial los relacionados a los gastos de protección social, permitiendo el direccionamiento del Estado para el favorecimiento de los medios de producción.
[7] Conforme notícia del periódico Infomoney, titulada “Com crise, Banco Central já anunciou R$ 1,2 trilhão em recursos para bancos”. Disponible en: https://www.infomoney.com.br/economia/com-crise-banco-central-ja-anunciou-r-12-trilhao-em-recursos-para-bancos/.
[8] Y eso a pesar de que el banco central brasileño ha bajado la tasa de referencia de interés al menor nivel histórico. Los datos fueron extraídos de noticia del sítio UOL, titulada “Bancos prometem ajuda, mas dobram juros e seguram dinheiro, dizem empresas”, del día 26/03/2020. Disponible en: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/26/coronavirus-juros-alta-prazo-corte-linha-credito-antecipacao-recebivel.htm.
[9] Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/—ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf.
[10] Fuente: OIT – artículo “La seguridad económica mundial en crisis Un nuevo informe de la OIT descubre un ‘mundo lleno de ansiedad e ira’” (2004).
[11] El resentimiento y la frustración en no tener un trabajo de elección, la angústia, el miedo del desempleo, hambre y miseria, el descrédito de la política, son condiciones que permiten el crecimiento de ideologías fascistas en las sociedades.
[12] En Brasil, la Ley 10835, de 08 de enero de 2004, instituyó la “renda básica de cidadania”, aunque sin especificar valores, disponiendo que el beneficio deberá corresponder a un monto suficiente para atender a las despensas mínimas de cada persona con alimentación, educación y salud – la ley, no obstante, aún no tiene efectividad. (Fuente: Lei 10835/04. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.835.htm). En España, se aprobó en 2020, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, estableciendo el “ingreso mínimo vital”, conceptuado como una prestación económica dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. (Fuente: Real Decreto-ley 20/2020. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5493). En Italia, fue creado el “Reditto di Cittadinanza” y el “Reditto di Emergenza”, el primero prorrateado en 18 cuotas mensuales a las personas desempleadas o aquellas que trabajan solo ocasionalmente y que tienen un ingreso de menos de 9.360 euros por año; el segundo, en dos cuotas mensuales para atender la emergencia del COVID-19, no siendo compatible la percepción de los dos beneficios. (Fuente: artículo titulado “Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza: differenze”, de la redacción del periódico PMI.It, de 22 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.pmi.it/economia/lavoro/333124/reddito-di-emergenza-e-reddito-di-cittadinanza-differenze.html).
[13] Como describen Machado–Galvão Júnior (2018), bajo la orientación del economista sueco Karl Gunnar Myrdal, que compartió el Nobel de Economía de 1974 con Friedrich von Hayek, los países nórdicos implantaron el modelo de Estado del Bienestar Social tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con imposición de elevada tributación y garantía de renta mínima, entre otros derechos. El modelo nórdico de social democracia combina una economía de mercado con un Estado fuerte, con elevados gastos sociales, altos tributos, elevados sueldos, manteniendo el nivel de la actividad económica en pleno empleo, además de entregar educación y salud de calidad.
[14] Bueno (2018: 169) destaca que el derecho al trabajo, conforme previsto en el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contempla el derecho a elegir y aceptar libremente el trabajo.
[15] Según Gambacorta (2017: 7): “Las políticas tributarias cumplen un rol de distribución ineludible, pero la distribución incluyente e inclusiva puede darse, reconocer y hacer reconocer socialmente a los trabajadores su derecho a la efectiva participación en cómo se distribuyen las rentas en una sociedad.”
[16] La especialización de los órganos de las Naciones Unidas es un elemento obstaculizador para las medidas internacionales. Por ejemplo, la OMS no considera la desigualdad social, factor de fundamental importancia en la contención de las consecuencias de la pandemia.
[17] Según el documento, titulado Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, la centralidad del trabajo en el ser humano demanda enfoque en tres acciones prioritarias: aumentar la inversión en la capacidad de las personas, aumentar las inversiones en las instituciones del trabajo, y aumentar la inversión en el trabajo decente y sostenible. Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang–es/index.htm
[18] Necropolítica, acuerdo a Mbembe (2018), significa elegir quienes pueden vivir y quienes van a morir en el sistema. Preciosas las palabras de Valverde Gefaell (2015: 127): “La necropolítica del neoliberalismo despolitiza (quita contenido político a los temas sociales) manipulando el lenguaje, culpabilizando e individualizando. La repolitización podría ocurrir cuando los incluidos llenen de contenido político la realidad nombrando las injusticias y abandonando la falsa seguridad”.
[19] Como se puede conferir en la noticia titulada “‘Ou todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego’, diz Bolsonaro”, publicada en el periódico Estadão, en el día 09.11.2018. Disponible en: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,recebi-projetos-sobre-previdencia-e-pouco-sera-aproveitado-diz-bolsonaro,70002599184.
